En Colombia, la regulación sobre los plásticos de un solo uso ha evolucionado significativamente en los últimos años, respondiendo a la creciente preocupación por la contaminación plástica y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles. El país adoptó en 2022 la Ley 2232, que estableció un marco legal claro para la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso y la promoción de alternativas sostenibles. A partir del 7 de julio de 2024 entraron en vigor medidas concretas con plazos definidos para prohibiciones y sustitución. En este artículo, exploraremos el contenido de la normativa, los plazos y sanciones, las políticas públicas y los retos de implementación vinculados al contexto de una empresa como Ami Biodegradables.
1. Ley 2232 de 2022: contenido y principios fundamentales
La Ley 2232 de 2022 representa el pilar legal colombiano para la reducción gradual de plásticos de un solo uso. Entre sus aspectos clave se destacan:
- Prohibición progresiva: establece la prohibición de introducir, comercializar o distribuir ciertos plásticos de un solo uso, incluidos los oxodegradables.
- Política nacional complementaria: el Ministerio de Ambiente debe diseñar una política pública que promueva la sustitución progresiva, con participación del sector público, privado y sociedad civil.
- Protección a áreas sensibles: se prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en parques nacionales, páramos, humedales Ramsar, ecosistemas marinos sensibles y otras áreas protegida.
- Educación ciudadana: se incorpora la obligación de promover educación ambiental sobre las consecuencias del plástico y fomentar alternativas sostenibles.
Este enfoque integral establece no solo restricciones legales, sino también mecanismos educativos y políticas de largo plazo para fomentar la transición hacia alternativas más sostenibles.
2. Plazos, sanciones y alcance de la normatividad
La implementación de la ley ha seguido un calendario estructurado:
- Desde el 7 de julio de 2024, entraron en vigencia las prohibiciones para productos como bolsas de pago, bolsas para periódicos o revistas, rollos de bolsas para alimentos, pitillos, mezcladores, soportes plásticos para globos y copitos de algodón.
- Hasta 2030, se espera la prohibición gradual de productos como envases y bolsas para líquidos no preenvasados, platos, cubiertos desechables, confeti, manteles, envases para alimentos de domicilio, láminas para alimentos y mangos de hilo dental.
Respecto a las sanciones por incumplimientos, incluyen:
- Multas que van desde 100 hasta 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- Decomiso de los plásticos prohibidos.
- Clausura temporal (máximo un mes) o definitiva del establecimiento
La Corte Constitucional resaltó que los primeros seis productos prohibidos son fácilmente sustituibles, y estableció que el Ministerio de Ambiente debe reglamentar los materiales alternativos priorizando biodegradables y compostables dentro del año pago.
Además, las entidades públicas están impedidas de adquirir plásticos de un solo uso, salvo si tienen alternativas sostenibles certificadas.
3. Política pública, transición y oportunidades para Ami Biodegradables
La implementación de esta legislación ofrece tanto desafíos como oportunidades:
- Política nacional de sustitución: el Ministerio de Ambiente debe implementar una estrategia con metas, monitoreo y cronograma para reemplazar plásticos de un solo uso, fomentando economía circular y etiquetado transparente.
- Iniciativas de gestión sostenible: los municipios deben integrar estas medidas en sus planes de residuos, fortaleciendo el papel de los recicladores y asegurando aprovechamiento local.
- Educación y sensibilización: el componente educativo es clave para cambiar conductas de consumo y apoyar la transición hacia materiales biodegradables.
Para Ami Biodegradables, estos factores representan:
- Una ventaja competitiva, ya que sus productos compostables cumplen con los requisitos legales actuales y futuros.
- La oportunidad de colaborar activamente en políticas de sustitución, al ofrecer evidencia técnica de sostenibilidad y promover alternativas responsables.
- Posibilidad de participar en campañas educativas junto con el Estado o la comunidad, fortaleciendo su imagen como marca comprometida.
La normativa colombiana sobre plásticos de un solo uso ha dado un paso trascendental con la Ley 2232 de 2022. Esta legislación impone plazos claros para prohibición y sustitución, establece sanciones contundentes, promueve la educación ciudadana y articula una política nacional para sustentar el cambio hacia materiales sostenibles.
En este nuevo panorama, Ami Biodegradables no solo se ajusta a la normativa vigente, sino que tiene la posibilidad de convertirse en un aliado fundamental en la transición hacia una economía circular. Aprovechar esta coyuntura con acciones educativas, colaboraciones público-privadas y visibilidad institucional puede consolidar su liderazgo en soluciones amigables con el ambiente.